Modelo de Estado

Y Políticas Públicas

Sobre el Modelo de Estado

República Federal

Una Europa Social

Estados Unidos de Europa

Política Territorial

La Cuestión Vasca y Catalana

Una Cataluña Unida

En la Diversidad

Barcelona Ciudad Global

Barcelona Ciudad Metropolitana

Hacienda

Revisión de Impuestos

Interior

Reestructuración y reorganización de las FFSS

Justicia

Ágil, Transparente y Eficiente

Sanidad

Por una Gestión Unificada

Educación

Unificada, Homogénea y de Calidad

Educación y Escuela

En Cataluña y en el País Vasco

SOBRE EL MODELO DE ESTADO

REPÚBLICA FEDERAL

La premisa de la igualdad de oportunidades entre ciudadanos libres e iguales, pasa por la exigencia de la dignidad humana; de dejar de ser “siervos de la gleba”, seres heredables por una casta de nobles de sangre real, donde, desde la cuna, hasta la tumba, se les mantienen unos privilegios onerosos que insultan la dignidad individual y de país.

Las 7 monarquías que todavía subsisten en Europa, son vestigios de un pasado despótico que hay que superar definitivamente.

Las monarquías son un vestigio medieval incompatible con una sociedad de personas radicalmente libres e iguales, haciendo imposible ser progresista y monárquico al mismo tiempo.

Socialista y monárquico son conceptos antitéticos. Si te rige el principio de IGUALDAD, no puedes aceptar el principio de PRIVILEGIO POR ORIGEN DE CUNA, que limita el concepto de ciudadano y le impide aspirar a la Jefatura del Estado.

El avance del Socialismo en el mundo, es consustancial con el modelo de estado REPUBLICANO. 

 

ANTE LOS INTENTOS DE DESMEMBRAR ESPAÑA: FEDERALISMO

La premisa de la igualdad de oportunidades entre ciudadanos libres e iguales, pasa por la exigencia de la dignidad humana; de dejar de ser “siervos de la gleba”, seres heredables por una casta de nobles de sangre real, donde, desde la cuna, hasta la tumba, se les mantienen unos privilegios onerosos que insultan la dignidad individual y de país.

Las 7 monarquías que todavía subsisten en Europa, son vestigios de un pasado despótico que hay que superar definitivamente.

Las monarquías son un vestigio medieval incompatible con una sociedad de personas radicalmente libres e iguales, haciendo imposible ser progresista y monárquico al mismo tiempo.

Socialista y monárquico son conceptos antitéticos. Si te rige el principio de IGUALDAD, no puedes aceptar el principio de PRIVILEGIO POR ORIGEN DE CUNA, que limita el concepto de ciudadano y le impide aspirar a la Jefatura del Estado.

El avance del Socialismo en el mundo, es consustancial con el modelo de estado REPUBLICANO.

  • La izquierda no puede permanecer al margen ni en posiciones tibias ante el gravísimo desafío democrático y político que supone el independentismo catalán. La estructura federal de facto que ya posee el Estado español debe consolidarse y mejorarse en un nuevo texto constitucional que redefina competencias, cierre el desarrollo del estado autonómico y blinde las competencias estatales en un marco renovado de lealtad institucional y solidaridad interterritorial a prueba de demagogias identitarias, chantajes económicos y trampas ilegales. Los nacionalismos periféricos no pueden seguir dividiendo la sociedad española en sus territorios de influencia y, al mismo tiempo, determinando la vida política de todo el Estado mediante chantajes en las Cortes Generales.
  • España ha pasado de ser un estado centralista a un ESTADO descentralizado al formarse el denominado Estado de las Autonomías
  • El FEDERALISMO en el caso de España debe partir de la idea de que el PRINCIPIO de SUBSIDARIDAD es el substrato básico que lo mueve. Así el criterio de UTILIDAD debe ser clave complementario al de SENCILLEZ.
  • En ese sentido se parte de la IDEA de la existencia de una unidad política que contiene en su INTERIOR realidades complejas y por ello se opta por una descentralización que permita el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos. Nunca de una idea de la existencia de un CONJUNTO DE REALIDADES PRECEDENTES A LA FEDERACIÓN. No son muchos que se unen, es uno que construye un modelo de GOBERNANZA más eficiente mediante una FEDERACIÓN
  • Este es un primer paso respecto a otros niveles de DESCENTRALIZACIÓN, siempre pensando en la eficiencia de la GOBERNANZA. Así que la descentralización debe considerarse en varios niveles, incluido los municipales o incluso respecto a la existencia de entes supramunicipales, como puede ser el concepto METROPOLITANO.
  • En esa línea debe considerarse que los diferentes pasos que se den, ya sea mediante la reforma de los ESTATUTOS de AUTONOMIA o mediante otro tipo de leyes debe establecerse un conjunto de garantías que impida que se busque una REFORMA de la CONSTITUCIÓN al margen de los mecanismos previstos para esa reforma en la propia Constitución.
  • Para evitar derivas centrifugas que pretendan romper el marco constitucional es necesario elaborar mecanismos de control que den instrumentos legales a las autoridades de un PRIMER nivel sobre los siguientes dentro de la FEDERACIÓN. La idea clave es que se garantice la lealtad de las elites políticas locales que eviten actuación que pongan en riesgo la estabilidad del ESTADO SOCIAL y conseguir que los servicios básicos a la ciudadanía, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN… sean similares en todo el territorio.
  • La descentralización buscada a través de la federalización de las ESTRUCTURAS del ESTADO, no pueden realizarse pensando en la homogeneidad de las NUEVAS ENTIDADES creadas, ya que la pluralidad es una realidad de las sociedades modernas y esa realidad debe ser reconocida por parte de la FEDERACION y de los Entes Federados resultantes, porque en el interior de todas ellas la pluralidad es una constante.
  • Es necesario un cambio de las circunscripciones electorales que se adapten a la nueva realidad FEDERATIVA y que cumplan con el criterio de un mismo valor de voto al traducirse en representantes sea donde sea. Una vez la FEDERACIÓN sea un hecho, y se establezca un órgano que actúe de REPRESENTACIÓN TERRITORIAL, no hay más motivos para no considerar la necesidad de una CIRCUNSCRIPCIÓN UNICA para la elección de los representantes centrales y para cada uno de los TERRITORIO FEDERADOS.
  • Dentro de las leyes de la FEDERACIÓN debe garantizarse la AUTONOMIA MUNICIPAL, y por ende la opción a que se puedan crear realidades SUPRAMUNICIPALES que permitan considerar las ventajas de situaciones específicas como pueden ser los hechos Metropolitanos, considerados como una realidad que es inevitable reconocer y que por sus características necesitan un marco legal especifico que los reconozca, y a su vez garantice que sus beneficios, en cuanto a eficiencia económica, puedan trasladarse al conjunto de la Federación.
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UNA EUROPA SOCIAL

Queremos promover y acabar de impulsar el proyecto europeo, hasta la integración total de la UE. Queremos construir una nueva entidad política; una gran potencia política, económica y social, con 500 millones de personas: los Estados Unidos de Europa (EEUUEE)

Para poder gestionar las políticas públicas en un mundo globalizado, no debemos pensar en reduccionismos territoriales,  procesos secesionistas o  independentistas, que nos retrotraen a los “reinos de Taifas” del  medioevo, si no en un auténtico Estado Europeo, capaz de tener un gobierno elegido democráticamente por el Parlamento Europeo y con competencias para poder tratar directamente, de forma multilateral, con las principales potencias mundiales, en representación de toda la UE.

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POLÍTICA TERRITORIAL

La Cuestión Vasca y Catalana

  • La izquierda democrática, desde sus inicios, fundamenta su filosofía política en los principios y valores de la Revolución Francesa: LIBERTAD; IGUALDAD; FRATERNIDAD.
  • La IGUALDAD y la FRATERNIDAD van intrínsecamente unidas. Se es fraternal desde el deseo de una igualdad solidaria con tus semejantes. La suma de IGUALDAD + FRATERNIDAD es la SOLIDARIDAD entre el género humano: solidaridad interpersonal; entre pueblos y naciones del mundo.
  • Después de la descolonización de los grandes imperios de los siglos XVII, XVIII y XIX, los movimientos secesionistas de las modernas naciones del siglo XX y XXI, están fundamentados en el egoísmo económico y en el supremacismo social. En la insolidaridad explícita entre las comunidades más industrializadas, más ricas, para no ayudar a las más pobres y menos desarrolladas económicamente.
  • Los movimientos secesionistas rompen la cohesión social y la convivencia pacífica entre los ciudadanos y los pueblos.
  • El Socialismo nació hace 2 siglos y medio para luchar por la emancipación de la clase obrera, mejorando sus condiciones de vida y acceso al ascensor social, que ha de ir reduciendo gradualmente las diferencias económicas y políticas entre clases.
  • El Estado Social y Democrático de Derecho (ESDD) es la expresión intermedia entre el antiguo estado absolutista y la idílica sociedad socialista, hacia la que vamos avanzando paulatinamente.
  • La consigna básica de la izquierda es: “Trabajadores; pueblos y naciones de mundos, ¡¡UNÍOS¡¡”
  • Precísamente por fidelidad a esos principios fundacionales, la ideología de izquierdas es contraria a todo movimiento político que pretenda la división entre los pueblos.
  • El movimiento nacionalista en Cataluña, que se tornó en independentista en 2012 para tapar la corrupción endémica y estructural de su clase política, perseguida por los tribunales, procesada y encarcelada, por favorecer contratos fraudulentos desde el Govern de la Generalitat, para financiar su estructura política y su propio enriquecimiento personal, a costa de vaciar las arcas públicas y cercenar los servicios públicos universales que desde el Estado del Bienestar habíamos construido desde la conquista de la democracia(sanidad; educación, seguridad, servicios sociales, ect)
  • El movimiento secesionista en Cataluña ha conseguido paralizar la vida pública en España, imponiendo su agenda de conflicto social, desde hace 10 años. La clásica diferencia programática sobre políticas sociales entre las fuerzas de la derecha e izquierda política, ha quedado eclipsada. El foco desde entonces está centrado en cómo resolver el conflicto político provocado por la burguesía nacionalista catalana.
  • No es baladí recordar que el nacional-independentismo vasco intentó la secesión desde los años 60 del pasado siglo y después de 50 años de lucha fratricida, que nos ha costado casi un millar de muertos, tuvieron que reconocer su inutilidad y su fracaso.
  • Lo que no fue posible allí por medio de las armas, no lo será aquí, con un Estado más legitimado y mucho más fuerte que el de entonces.
  • La burguesía nacionalista catalana, que ha muñido e impulsa el “procès”, tendrá que acabar reconociendo su derrota, después de haber engañado y frustrado a una buena parte de los ciudadanos de Cataluña, con falsas promesas en el camino hacia una insolidaria e inexistente “Tierra Prometida
  • El Estado Español, y nosotros como ciudadanos integrantes de este Estado, jamás permitiremos que se nos cercene una importantísima parte de nuestro cuerpo social, cultural y político, que representa un 20 % de nuestra riqueza nacional y un 16 % de nuestra población, por qué nos debilitaría como país ante la comunidad internacional, mermando nuestras capacidades económicas y perjudicando el nivel de vida del conjunto de la ciudadanía.
  • España es hoy una gran nación situada entre las 20 principales economías del mundo y reconocida internacionalmente como un estado social y democrático de derecho, con un nivel envidiable de calidad de vida de entre los 10 países más avanzados del planeta.
  • Mientras dure este conflicto, las fuerzas de izquierda han de seleccionar bien los objetivos y saber priorizar cual es en estos momentos el objetivo principal; y a nuestro criterio el objetivo principal pasa por derrotar en toda regla al nacionalismo secesionista de la gran burguesía catalana y corrupta, concentrando todos nuestros esfuerzos en hacerles perder las próximas elecciones autonómicas, para poder arrojarlos del poder que les proporciona el Govern de la Generalitat y eliminar las palancas y herramientas desde las que engañan y manipulan a la ciudadanía (TV3, medios de comunicación institucional y sistema de educación pública).
  • Esa lucha pasa por fortalecer un frente común de fuerzas constitucionalistas para aunar esfuerzos.

 

Tirando de los clásicos: 

“Hay que unir todo lo susceptible de ser unido en contra del enemigo principal”

Y el enemigo principal hoy es la burguesía secesionista catalana.

En coherencia con todo ello...

… uniremos nuestras fuerzas para generar esa necesaria “unidad de acción” en ese frente común, participando activamente en promover iniciativas sociales, culturales y políticas que sirvan de muro de contención a la secesión.

UNA CATALUÑA UNIDA EN LA DIVERSIDAD

Nadie puede dudar del carácter multi-identitario de la población de España y por supuesto esa diversidad es también una característica de la sociedad catalana, porque de hecho es una característica de las sociedades modernas.

La nación es una creación del nacionalismo. Utiliza un criterio de identidad, la autodenominada identidad propia, que a modo de molde pretende que todo se le acople. ¿Cómo? En cuanto la identidad cultural es el principio básico sobre el que se sostiene todo el constructo nacional -vinculo prioritario-, solo hay que crear una red de incentivos para que únicamente él que acepta los componentes de la identidad, y/o su primacía, podrá disfrutar de todos los derechos en la entidad política. Desde la izquierda no es aceptable esa visión étnica para construir un ente político.

La visión que el nacionalismo tiene de la nación no permite en un mismo espacio la existencia de más que una nación, lo que implica que el carácter multi-identitario existente en el interior de Cataluña no podría desenvolverse más de una identidad nacional. Es decir, en Cataluña, el demos, el sujeto político, es incompatible con cualquier otra nación identitaria.

Las propuestas de una multi-nación deben atenerse a la existencia de esos postulados. Si aceptamos eso, los elementos citados, tendríamos que aceptar que si se planteara la existencia de otra nación cuyo limes incluyera todo o parte del espacio de otra nación, entonces la colisión es forzosa, como hemos visto mil veces en la historia reciente.
En sociedades modernas donde la pluralidad identitaria viene “casi” de fábrica, la acción de un nacionalismo solo puede desembocar en una colisión.

La ÚNICA opción que nos queda, desde la izquierda, es buscar un modelo político que contenga al nacionalismo. El apaciguamiento, con el nacionalismo es darle gasolina.

Bajo los criterios que el nacionalismo establece para crear una nación, es evidente que en Cataluña también habría más de una nación.

La izquierda debería dar una respuesta a la posibilidad de que las identidades culturales existentes pretendan construir naciones identitarias en un mismo territorio, y esa respuesta puede venir si aceptamos una propuesta que busque construir una sociedad con la premisa del “laicismo identitario”, es decir, plantear que la identidad es individual, de naturaleza plástica, moldeable y variable, y que las identidades colectivas, de naturaleza difusa, también deberían compartir esas propiedades.

El Estado, ante este hecho solo puede mantener como elemento central para el tratamiento de la identidad, individual y colectiva, la consideración de que toda identidad es aceptable siempre que no conculque los elementos centrales sobre los que se ha edificado la propia organización política, el ESTADO.

Así, solo serían rechazables democráticamente las identidades que tengan elementos antidemocráticos o contrarios a los derechos humanos considerados universales.

En el resto de cuestiones relativas a la identidad, éste debe ser transparente, neutro. Por ejemplo, el ESTADO debería intervenir cuando un grupo identitario, étnico que considere parte de su identidad la ablación, o si el grupo étnico es de base religiosa considere legalizar que las mujeres tengan menos derechos que los hombres, o que otro grupo identitario pretenda que es democrático imponer que una identidad determinada tenga elementos supremacistas sobre otros grupos humanos.

La nación, como la define el nacionalismo, es incompatible con esa visión del laicismo identitario y contraria a los derechos elementales de aquellos que no comparten la identidad «correcta», y también es contrario a los derechos de los que aunque si pueden compartir los elementos centrales de esa identidad pero que quieren ver respetados su derecho a que no se conduzca la variabilidad de esa identidad usando los resortes del poder para establecer premios o no, dependiendo de si se aleja o no de la ortodoxia identitaria.

Hablar así de plurinacionalidad es en definitiva abonar más la confusión conceptual y es una concesión más al nacionalismo. No podemos seguir aceptando entrar en el paraguas de un marco mental nacionalista.

Para concluir con intención pedagógica, hay que definir bien las palabras y sus significados.

En el mundo global, el término nación está conceptualizado y reconocido cuando contiene 3 elementos jurídicos: territorio; población y soberanía.

Si falta alguno de esos 3 elementos, la comunidad internacional no les puede reconocer como naciones. Eso ha quedado patente después del intento secesionista del Govern de la Generalitat de Catalunya durante el conflicto de 2017, donde no logró el reconocimiento internacional de NINGUNO de los 192 países del mundo.

BARCELONA CIUDAD GLOBAL

Barcelona Ciudad Metropolitana

PSC + IC fueron determinantes en la gestión de la disuelta CMB y, entre 1987 y 2010, mantuvo desde el federalismo municipalista, mecanismos de cooperación entre los ayuntamientos que configuran la Barcelona Metropolitana.
Fue también a impulso del PSC e IC, que se aprobó una ley del Parlamento de Cataluña que restableció el AMB que hoy contribuye a gobernar.

La construcción de una gobernanza metropolitana con más contacto entre electores y elegidos y de más alta calidad democrática ha sido siempre y ha de continuar siendo un objetivo prioritario para la izquierda.

Es necesario una Barcelona abierta, inclusiva y orgullosa de su pluralidad, capaz de interrelacionarse con otras metrópolis y competir por atraer talento y puestos de trabajo de alta calidad; capaz de impulsar, en beneficio de toda Cataluña y del resto de España, la economía del conocimiento.

Un objetivo de la izquierda debería ser el dotar de una Gobernanza de progreso a la Barcelona Real.

Un objetivo de la izquierda debería ser conseguir que el proyecto Barcelona como metrópoli fuera capaz de ilusionar al conjunto de esta sociedad que el Procès ha dividido, porque su potencialidad en resolver problemas y crear riqueza es enorme.

Un objetivo de la izquierda debería ser conseguir que la Barcelona REAL, la que corresponde a una metrópoli, pueda ser capaz de atraer inversiones, talento e innovación, que permita que la ciudad vuelva a ser la referencia positiva para el resto de Europa, del Mediterráneo y de Latinoamérica.

HACIENDA

No es aceptable que exista competencia fiscal en perjuicio de los diferentes ciudadanos que conforman el sujeto político, ya que generan flujos de capital y empresariales perjudiciales para el sustento del estado de bienestar, que supone la igualdad de oportunidades.

Es por ello que es necesaria una readaptación de los impuestos y su pertenencia, como base de partida el gobierno de la nación debe tener la potestad de fijar los tipos mínimos de cada impuesto (sucesiones, donaciones, IRPF, patrimonio, IVA, etc.) teniendo las diferentes autonomías la capacidad exclusivamente de incrementarlos.

La recaudación del tramo mínimo todos estos impuestos deberán recaer sobre el gobierno de la nación.

INTERIOR

España es el país con más cuerpos policiales de Europa.

El Estado de las autonomías ordenó un solo sistema público de Sanidad; un solo sistema de Educación; un solo sistema de Justicia. Sin embargo no solo mantuvo intactos los 2 cuerpos de policía estatal (CNP y GGCC), sino que desarrolló otros cuerpos de policía autonómica (La Ertzainza vasca y el CME catalán).

Una reestructuración y reorganización de las fuerzas de seguridad es necesaria, ante la ya conocida y multi-reincidente experiencia de falta de comunicación y solapamiento de jurisdicciones.

Apostamos por minimizar la cantidad de cuerpos de seguridad existentes, adaptando su estructura a la de la administración pública; es decir 3 niveles policiales: local; autonómico y estatal, unificando los actuales CNP y GGCC; conformando así un solo Sistema de Seguridad Pública: con competencias claramente delimitadas y no concurrentes y manteniendo una jerarquía de cuerpos aplicando el principio de subsidiariedad.
De esta manera se reduciría el gasto público, se evitarían los errores de información y comunicación que ahora se producen; se aseguraría la lealtad entre cuerpos de seguridad, y se alejaría la tentación de utilizarlas de modo partidista, para fines contrarios a las que fueron creadas (la defensa del ordenamiento jurídico); como ha pasado recientemente en Cataluña con el proceso secesionista del 1-O-17
Después de la nefasta experiencia sufrida con la deslealtad institucional entre el Govern de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno Español, en estos últimos años, es imprescindible asegurarnos de que no se volverá a utilizar el CME como una policía política, sectaria y partidista al servicio del partido en el Govern.

La competencia exclusiva de la Seguridad Pública es del Gobierno del Estado, y este las tiene delegadas en las CCAA de Euzkadi y Catalunya.

En tanto dure la situación de tensión territorial y los intentos secesionistas de los partidos que se reclaman independentistas, urge que el Gobierno central recupere la competencia de Seguridad en Catalunya; manteniendo el CME pero retirando la dependencia política del Govern de la Generalitat.

JUSTICIA ÁGIL, TRANSPARENTE Y EFICIENTE

Es evidente que la acción política de las últimas décadas ha convertido en papel mojado algunos derechos sociales en determinados territorios.

El derecho a una vivienda digna es irrealizable en las regiones urbanas como Barcelona o Madrid.

El derecho a un trabajo digno es impracticable para muchas personas que encadenan contratos temporales años y años, o en regiones con paro endémico, y el derecho a la salud tampoco es efectivo cuando mientras se cierran plantas enteras de hospitales las listas de espera no paran de crecer.

El más que probable reajuste constitucional requiere, entre otros incorporar la tutela judicial efectiva para derechos sociales en dicha reforma: Los derechos a vivienda digna, a trabajo digno, a una buena educación y a una sanidad digna deben incorporar un mecanismo de reclamación para que ninguna administración pública pueda abstraerse de esos principios rectores y derechos que ya tenemos recogidos en la constitución.

Se deberá desarrollar en leyes orgánicas qué se considera vivienda digna, qué se considera trabajo digno rechazando el encadenamiento de contratos temporales, qué se considera atención sanitaria digna incluyendo un máximo tiempo de espera para los servicios sanitarios, etc.
Los poderes públicos deberán garantizar esos derechos, con plazos de ejercicio razonables, y métodos de reclamación judicial para obligar a las administraciones.

SANIDAD

Una gestión unificada de la sanidad es necesaria tanto para minimizar costes mediante una unidad de compras centralizada, como para ofrecer una carta de sanidad unificada en todo el territorio y para eliminar la fútil burocracia derivada de las diferentes tarjetas sanitarias.

De esta manera se conseguiría un ahorro económico que podría repercutir como nueva inversión para la propia sanidad pública u otros servicios, a la par que se equipararían las prestaciones cubiertas por la sanidad, en todos los territorios de la nación, anulando los perjuicios producidos por la multiplicidad de tarjetas sanitarias.

Todas estas medidas deberían ir acompañadas de una ley de regulación de listas de espera, para fomentar la creación de hospitales públicos.

EDUCACIÓN

La educación debe tratarse con especial dedicación ya que representa un pilar imprescindible de cualquier sociedad y tan importante es dotarla de recursos, para que sea de calidad, como asegurarse de sus directrices, con un plan integral para evitar las diferentes desigualdades entre territorios, revisando con especial hincapié las medidas relacionadas con el fracaso escolar.

Para ello es necesario que el gobierno de la nación, tenga un conocimiento más exacto y continuo de los alumnos y de los centros de estudios, ampliando este más allá de un examen de selectividad regional.

Es necesaria la existencia de exámenes unificados (selectividad y similares) que permitan disponer de unos datos reales, estas pruebas solo tienen sentido si vienen complementados de dos medidas importantes: un temario común y un conjunto de inspectores que dependan únicamente del estado central.

Adicionalmente se propone que se efectúe un examen de conocimiento de la lengua española que garantice que todos los alumnos que acaben su etapa educativa hayan adquirido el nivel C de dicha lengua. La prueba debería efectuarse mediante equipos propios del Ministerio.

Todas estas medidas tienen que ser verificadas por una alta inspección educativa, la cual auditará con la periodicidad necesaria su cumplimiento, consiguiendo así de un modo efectivo revertir las desigualdades.

Esta inspección asumirá la responsabilidad de las ya mencionadas pruebas de nivel unificadas, así como de la homogeneización y calidad de los temarios.

Para que las propuestas realizadas sean efectivas, es necesaria la creación de un organismo para la reclamación de derechos recogidos en la constitución, para que no se queden sólo en una simple declaración de intenciones (como la igualdad o la vivienda) y la ciudadanía tenga un modo de reclamar en caso de su incumplimiento.

Cuando se acometa la necesaria reforma constitucional, hay que añadir la igualdad territorial de resultados como principio rector de las leyes educativas, igualdad que debe ser comprobable tanto en nuevas pruebas de nivel unitarias en toda España, como en los porcentajes de fracaso escolar. Dicho principio rector debe obligar a las administraciones a invertir más en los barrios donde los resultados sean peores para reconducir esa desigualdad, que socava la igualdad de oportunidades que los socialistas debemos promover.

 

En coherencia con todo ello...

… Desde una posición netamente de izquierdas defendemos que las competencias correspondientes al núcleo del estado del bienestar deben ser legisladas en exclusiva por el gobierno de la Nación, y ejecutadas desde la máxima proximidad al ciudadano.

Estas competencias serían Educación y Sanidad.

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SOBRE LA LENGUA EN LA EDUCACIÓN

En Cataluña y el País Vasco

La característica de la actual evolución de las sociedades en el planeta debe tener en cuenta la necesidad de dar cobertura a movilidad que exige un mayor conocimiento de las lenguas consideradas francas, no solo el inglés, que ya lo es, es que también otras lenguas tendrán un rol de lengua franca, aunque a menor escala.

Es el caso del mandarín, el chino, el árabe –si solucionan el hecho de las formas lingüísticas denominadas dialectales pero que sin embargo son ininteligibles entre sí-, el ruso y por supuesto el español, que como segunda lengua más hablada de forma materna tiene un rol que desde España y por ello también desde Cataluña debe ser considerado una oportunidad de crecimiento cultural, de la que se puede aprovechar la denominada cultura en catalán, y por descontado, de crecimiento económico para ambos lados del Atlántico.

El hecho de que en la Cataluña bilingüe, las dos lengua, español y catalán, sean de aprendizaje casi osmótico, prácticamente se aprende de forma no culta por el mero hecho de compartir espacio social, y culta por la acción de la escuela, tenemos una oportunidad de oro de aprovechar todas las capacidades existentes alrededor de ese bilingüismo para proyectar en el resto de España e Hispanoamérica, toda la capacidad de creación cultural, artística… y a su vez ser receptoras de toda la creación cultural de todo ese entorno civilizatorio.

Saliendo del periodo franquista nos encontrábamos con un páramo a muchos niveles, entre ellos el lingüístico. En una sociedad que tiene un patrimonio, casi único, el bilingüismo, tras cuarenta años de políticas restrictivas y prohibiciones nos encontrábamos que una de las patas de ese bilingüismo, la lengua catalana, tenía enormes carencias de tipo legal y educativas que hacían pensar que eran necesarios cambios en el marco legislativo y educativo que solventaran los problemas generados por la Dictadura. Cuarenta años después vemos que aquellos elementos que se pudieron considerar necesarios aplicar son ahora revisables.

Es necesario revisar el marco legal, y educativo, respecto a la situación lingüística. Siempre bajo la premisa es garantizar los derechos de los niños a una educación de calidad. Ahora es necesario profundizar en un objetivo: las dos lenguas, catalán y español, son las dos lenguas de uso en Cataluña, uno de los nervios de nuestra propia realidad y que, por sus características, ese bilingüismo debe ser protegido.
En la actual situación política, la relación lengua y clase no es precisamente un indicador que se pueda mantener fuera del análisis y menos para cualquier fuerza que se considere de izquierdas.

La muestra de fracaso escolar es un indicativo de que el anterior indicador es mucho más importante de qué se observa en los análisis que tratan de explicar el porqué de ese fracaso. El hecho de que el modelo educativo este sometido a lo que en definitiva son consignas y dogmas provenientes de una determinada ideología, no precisamente de izquierdas, no ayuda a encontrar una solución que no pase por la contestación ideológica a esas proclamas, consignas y dogmas.

La falta de estudios, efectuados desde una óptica científica, sobre los resultados educativos siempre efectuados de forma que no entran de lleno en las consecuencias de las políticas lingüísticas educativas tampoco son una manera de saber que se está haciendo bien y que cambios se necesitan hacer para mejorar.

Si el objetivo es el bilingüismo, entonces hemos de plantear la necesidad de cuestionar todo, en cuanto que lo que se observa es un concienzudo afán de hacer desaparecer la lengua española, la mayoritaria en las clases populares, del espacio público, educativo y social. Algo habría que decir desde la izquierda.

Desde esta óptica, el modelo denominado “de inmersión” debe ser adaptado a la realidad actual, que recoja la voluntariedad como premisa, y que busque la consecución de seguir con el bilingüismo como objetivo.

El actual modelo educativo debería abrirse respecto a la temática lingüística a otros modelos que traten de alcanzar ese objetivo respecto a la lengua y subordinándolo a un resultado escolar que supere la brecha social y con ello el indicador lengua/clase, es decir conseguir que la escuela sea el elemento principal que actúa como ascensor social más allá de cualquier otro valor, incluyendo el que llega de otras ideologías centradas en lo que se denomina construcción nacional.

Los nuevos modelos, inmersión incluida, y voluntaria, deben tener en cuenta características lingüísticas poblacionales territorializadas. También deberán tener en cuenta criterios sociales y con ello una asignación presupuestaria que implique un balance respecto a la realidad social de la familia del escolar, de forma que compense las carencias de partida, y dentro de esa especial dotación económica, la ratio alumno/clase debe ser capital. Y aún con mayor hincapié cuando el modelo elegido sea el de inmersión, o cuando la presencia de inmigración sea importante, sobre todo si es extraeuropea.

Solo desde un cambio paulatino pero profundo podremos hacer frente a una situación interna que es caldo de cultivo de fuerzas comunitaristas que utilizan la identidad, en este caso lingüística, para poder plantear cuestiones excluyentes que acaban convirtiéndose en un sistema retroalimentado negativamente y nos conduce a las puertas del abismo de la confrontación civil entre las diferentes identidades existentes en cualquier sociedad plural.

La Ley Celaá de 2020, ha venido a agravar la situación de arrinconamiento del español en la educación reglada, en todas aquellas comunidades que poseen otra lengua vernácula. Estamos seguros que los inmediatos recursos ante el Tribunal Constitucional desfacerá el entuerto al que ha llevado el oportunismo del Gobierno de España, para conseguir a cambio el apoyo de los independentistas a los PGE.

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